Economia

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abril 20, 2007

Venezuela y la antipatía del FMI

Venezuela y la antipatía del FMI


No siento ninguna simpatía por el gobierno venezolano, pero su escenografía para anunciar su decisión de adelantar la devolución de los préstamos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional sí que refleja una percepción despectiva que tiene cierta dimensión popular. Las palabras textuales de Rodrigo Cabezas, ministro de finanzas de Venezuela, fueron contundentes: "Señores del FMI, señores del Banco Mundial, chao con ustedes".

Sabemos el enfrentamiento obsesivo que el gobierno de Chávez mantiene con EEUU, hecho que pudiera quitarle gran parte de credibilidad a la postura venezolana sobre ésta decisión de carácter claramente político, que no económico. "Venezuela es libre, y gracias a Dios, ni los venezolanos de hoy ni los niños por nacer tenemos ya un solo centavo de deuda con esos organismos dominados por halcones estadounidenses".

Todo lo que huela a populismo, discurso sensacionalista o como lo queremos llamar despierta rechazo de manera natural, independientemente de quien provenga. Sin embargo, ésto no es óbice para pasar como inadvertidas las reticencias exisentes hacia las instituciones económicas del FMI por otorgar poder en función de las contribuciones aportadas a la entidad; es lo que algunos señalan como "deficit democrático".

Vía | BBC Mundo
Relacionadas | En El País, Venezuela liquida todas sus deudas con el FMI y el Banco Mundial y Brasil anuncia su intención de integrarse plenamente al Banco del Sur

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abril 19, 2007

RCTV y políticas públicas


RCTV y políticas públicas

Enrique R. González Porras

Existen sobrados argumentos técnicos sobre el derecho y la economía del uso del espectro radio-eléctrico, los cuales deberían ser expuestos públicamente ante el conflicto creado por la eventual no renovación de la concesión a RCTV.

Reiterativamente se ha invocado, por representantes del Gobierno, que la Ley asistiría la medida anunciada por el Ejecutivo. Solo una lectura literal de las normas, sin entender el trasfondo normativo que justifica el entramado legal, mantendría la postura anterior.


Para citar este artículo recomendamos utilizar este formato:

González Porras, E.R.: "RCTV y políticas públicas" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 73, enero 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/


En específico, la no-renovación de la concesión implicaría los siguientes problemas de naturaleza regulatoria y de pérdida de beneficio social:

1. Empresa Privada versus Empresa Pública: Ante el falso argumento de que la renta petrolera alcanza para todo, explicado por una ilusión rentista-petrolera al no percibir directamente los ingresos petroleros los venezolanos, la explotación pública del espectro radioeléctrico podría implicar un despilfarro de fondos públicos, con su respectivo costo de oportunidad para los venezolanos en temas de educación, salud, infraestructura e inversión pública.

2.- Pérdida de eficiencia económica ante la medida anunciada: Las teorías y modelos desarrollados por Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Richard Schmalensee y David Evans de Plataformas y Two-side Markets explican y demuestran que la razón de ser de una empresa del tipo plataforma, como los canales de televisión, encuentran justificación social cuanto mayor es su nivel de audiencia, anunciantes clientes y proveedores (no políticos).

3. Si el Gobierna toma la medida de no-renovación de la concesión, se producirá una pérdida del valor del uso del espectro radioeléctrico, así como del valor del capital humano asociado con los actuales administradores de la concesión del espectro radioeléctrico, quienes poseen una curva de aprendizaje constituida a lo largo de 53 años.

4. La medida podría ir asociada con una pérdida patrimonial y fiscal para el Estado. La primera fuente de pérdida fiscal se deriva de una explotación alternativa sub-óptima del espectro radio-eléctrico y, por tanto, una recaudación fiscal menor. La segunda fuente provendría del hecho de no entender que la administración de las concesiones por parte de Estado, una vez puedan representar un essential facility y ante su escasa oferta, debería responder a un diseño de política pública que incentive la competencia por el mercado. Así, un juego de subastas, con seguridad sería ganado por el explotador eficiente del espectro, en este caso RCTV.

5. La no-renovación de la concesión ignora la existencia de políticas públicas hacia el sector, si efectivamente lo que preocupa es la existencia de barreras de entrada para los proveedores de contenido.

6. Existen pocos, si no nulos, argumentos en favor del uso público o por parte del Gobierno, del espectro radio-eléctrico utilizado actualmente por RCTV. La rápida proliferación de canales públicos y del Estado constituye de plano una desproporción a favor de lo público y de la visión del Ejecutivo.

7. Existe un alto costo de salida de empleados y obreros que laboran en RCTV. La situación de eventual cesantía podría constituir un verdadero drama social, que contradice los supuestos objetivos redistributivos y sociales enarbolados por el Ejecutivo Nacional.

8. Una vez han sido anunciados los “motivos” para la no-renovación de la concesión y debido a la gravedad de los mismos, así como a la preferencia que debería existir a favor del Incumbent (RCTV), se estaría violando el debido proceso administrativo, e incluso judicial, así como al derecho a la defensa, una vez que no existe procedimiento alguno abierto por las causas esgrimidas.

9. Deberían ser considerados los costos hundidos y los costos transaccionales, no solo de RCTV sino de todos los agentes económicos y sociales que forman parte del sector de las televisoras y, especialmente, de aquéllas que interactúan con RCTV.

10. La desaparición de RCTV y el uso alternativo del espectro radio-eléctrico anunciado por voceros públicos, determinaría una altísima concentración de mercado en los nichos que quedarían desatendidos. Así las cosas, el Gobierno Nacional estaría promoviendo una política de monopolización en el sector de las televisoras, lo que es contrario al beneficio social de los venezolanos e, incluso, violatorio de algunas disposiciones constitucionales.

Existen sobradas razones para desligar este conflicto de la pugna política y de poder adelantada por el Ejecutivo Nacional.

La -Nueva Cantv.



La Nueva CANTV Pública

Enrique R. González Porras

Cambio Regulatorio de un Sector en Marcha y Costos de Transferencia o Traspaso del Modelo Regulatorio:

El 4 de junio se inicia la nueva etapa de la CANTV pública. Aun así, las expectativas de los distintos actores del mercado siguen siendo, hasta cierto punto, contradictorias.

Resulta muy distinto diseñar y aplicar un modelo regulatorio determinado sobre un sector nuevo, que realizar un cambio de modelo regulatorio de un sector en marcha. La diferencia radica en que en sectores o mercados como el de las telecomunicaciones, puntualmente el de telefonía móvil, se requieren condiciones y reglas claras a futuro, una vez que el sector esta caracterizado por estructuras de mercado concentradas y con posibilidad de inestabilidad del sector. De hecho, por ello se tiende a implementar un régimen de concurrencia limitada vía otorgamiento de licencias limitadas o de subastas limitadas. Así las cosas, los potenciales pujantes por la licencia requieren de una serie de condiciones mínimas para tomar la decisión de entrar o no. Una vez que han sido enunciadas las condiciones y las reglas del juego, los agentes económicos que deciden entrar habrán planificado un horizonte de inversiones y de operaciones. Cambiar el modelo regulatorio podría determinar una reducción de la rentabilidad de los operadores instalados o incluso podría hacer que las empresas instaladas operaran a pérdida, especialmente cuando el nuevo regulatorio implica la estatización del operador dominante y el ministro Chacón anunciara que el objetivo no es la rentabilidad sino la reducción agresiva de tarifas (dependerá de la capacidad de reducción de las tarifas por parte de la CANTV y de la capacidad de robar mercado al resto de los operadores).


Para citar este artículo recomendamos utilizar este formato:

González Porras, E.R.: "La Nueva CANTV Pública" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 78, mayo 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/


Dependiendo de si las condiciones preestablecidas para optar a la licencia de entrada en el mercado de telefonía móvil fueron lo suficientemente cerradas en lo que al modelo regulatorio se refiere, eventualmente, como ha ocurrido en otros países, podría resultar razonable una indemnización a los operadores instalados. Este tipo de indemnización podría denominarse Costos de Transferencia o de Traspaso de Modelo Regulatorio. Esta transferencia actuaría como una compensación por el cambio en las reglas del juego en un sector en marcha en el cual se obligó a las empresas entrantes a cumplir ciertas condiciones de cobertura y a un cierto pago. Las empresas que aceptan la condiciones y pagan por las licencias, entregan por adelantado parte de la renta futura, que una vez se encuentren instaladas y operando en el mercado obtendrán. A la fecha de entrada ningún operador ponderaría tal situación y posiblemente las condiciones de la licitación no contemplaban la estatización como un eventual nuevo modelo regulatorio a futuro.

Oportunidades y Amenazas del Nuevo Modelo Regulatorio:

En lo que respecta a la pertinencia o eficacia del cambio del modelo regulatorio resulta útil ponderar dos visiones contrapuestas.

La primera, desfavorable, plantearía que implementar un procurement (control del problema agente-principal en una empresa pública) podría resultar mucho más complicado que regular (control del problema agente-principal de una empresa privada entre el interés público y los objetivos privados). La escuela de Public Choice, así como quienes plantean los problemas de captura y la aparición de buscadores de renta privadas o políticas (de Soto, etc.), plantean que resulta difícil hacer seguimiento de la gestión de una empresa pública, primero, porque los verdaderos accionistas, el pueblo, se encuentra atomizado y sin capacidad de organización y presión, segundo, porque no existen objetivos finales de fácil medición (bienestar social), y tercero, especialmente en Venezuela, por la laxitud en el control de los fondos públicos utilizados en el financiamiento de los operadores de servicios públicos, ante un fenómeno de “ilusión rentista”. Los controles sobre la eficiencia en la gestión de empresas públicas de servicios públicos se ven tremendamente menoscabados, cuando el financiamiento de tales empresas se realiza vía ingresos petroleros, ingresos que al no pasar directamente por las manos de cada venezolano, son objeto de poca preocupación sobre la calidad y pulcritud en su uso. Esto es lo que denominamos “ilusión rentista”. Una vez que gran parte de los recursos utilizados por el Estado y el Gobierno provienen de una renta petrolera y debido a que este dinero no es suprimido de los ingresos por sueldos y salarios de los venezolanos, como si ocurre con el impuesto sobre la renta, cada venezolano posee pocos incentivos, ni conciencia para hacer un seguimiento riguroso sobre la calidad del uso de tales recursos. Más allá, esta debilidad en el seguimiento de la sociedad venezolana a los recursos que en teoría le pertenece, ha sido excusa perfecta para potenciar un Estado empresario. Así las cosas, se han financiado vía renta petrolera y sin mayor reclamo por parte de la sociedad, la estatización de empresas o la incursión en actividades económicas que deberían ser desarrollados por privados. El costo social de esta política de Estado empresario, se deriva de la distracción de recursos que de otra manera deberían ser destinados a financiar actividades prioritarias como salud, seguridad, vivienda, infraestructura, educación, inversión pública, etc.

Adicionalmente, los mecanismos de contraloría y seguimiento sobre las empresas públicas son mucho más vulnerables a la captura por parte de privados. Asimismo, siendo la eficiencia económica el bien que debería ser tutelado por la regulación económica, alinear los intereses privados de la empresa con el interés público (eficiencia económica en la prestación del servicio) resulta perfectamente factible cuando el operador prestador del servicio público es una empresa privada.

Por otra parte, existe un hecho que debería ser resuelto antes de entrar en operaciones la nueva CANTV pública, éste consiste en robustecer y resguardar el ámbito concurrencial, toda vez que el Estado estará actuando como agente económico, como regulador sectorial e incluso como regulador de competencia. En este tenor, preocupa profundamente que el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional.

El proyecto de Ley Antimonopolio debe incluir a cualquier agente económico como sujeto de aplicación, especialmente en un país en el cual el Estado se convierte en el mayor contratista, empresario, empleador, proveedor y demandante. Luego, a favor del resguardo del interés público y la eficiencia económica, cualquier agente económico debe ser sujeto de aplicación de este tipo de norma. Adicionalmente, una vez que en Venezuela la regulación de las prácticas restrictivas a la libre competencia y de las conductas desleales se encuentran normadas en un mismo instrumento legal, todo agente económico debe ser sujeto de aplicación. Este último punto, demanda un comentario adicional. La nueva CANTV podría desplegar prácticas restrictivas a la libre competencia que podría lesionar a la sociedad en su conjunto y por ello resulta pertinente que cualquier ente público sea susceptible de aplicación de la Ley Antimonopolio. Pero aun cuando la práctica sea desleal, lo que implicaría un conflicto entre privados, al encontrarse normada este tipo de conductas por medio de la Ley Antimonopolio, todos los agentes económicos deberían contar con la protección pertinente independientemente de quien despliegue la práctica.

Ahora bien, la segunda visión o posición con relación al cambio regulatorio reconoce que existe una tremenda oportunidad de poner en práctica un nuevo modelo regulatorio que podría resultar más disciplinador. Por medio de este nuevo modelo regulatorio, la transferencia de eficiencias y rentas desde los operadores de telefonía móvil hacia los clientes finales podría ser mucho más rápida, una vez el modelo regulatorio y el sector sea blindado de las amenazas anteriormente mencionadas.

Sin embargo, la nueva etapa que se inicie en el mercado de la telefonía móvil y en el de valor agregado, a partir del 4 de junio, tendrá que considerar que el incentivo para la prestación de servicio de calidad y con mayor valor agregado se basa fundamentalmente en el beneficio (y la competencia). Una excesiva reducción de precios y tarifas, motivada por objetivos muy legítimos de disciplinar el mercado, podría poner en riesgo inversiones de expansión y mantenimiento. Resultará sana la existencia de alternativas en el mercado, por lo que poner en riesgo a cualquier operador no obraría a favor de los clientes finales.

Alternativas en manos de las Empresas Privadas:

Aun cuando sería especulativo, los anuncios del Ministro Chacón hacen pensar que el resto de los agentes presentes en el mercado se encontrarán expuestos a un riesgo ante el cambio en el modelo regulatorio. Si un operador dominante o con participación significativa en el mercado, presta mayor atención a los precios y tarifas como variable de decisión y competencia, el resto de los agentes económicos tendrán, en un principio, que desplegar una estrategia de catch-up, si desean mantener su presencia en el mercado. Obviamente, lo anterior dependerá de la capacidad instalada y de expansión para atender a la nueva demanda (la nueva creada más aquella demanda producto de la movilidad entre operadores).

Ciertas estrategias comerciales podrían ser desplegadas por el resto de los operadores privados para mantener sus márgenes y cuotas de mercado. En la medida de lo posible, las dos mejores estrategias serían diferenciar el servicio y discriminar el mercado.

Ambos objetivos pueden ser llevados adelante por medio de promociones y prácticas comerciales de distinta índole, pasando por la fidelización de los clientes vía emisión de tarjetas y la acumulación de puntos o descuentos, etc. Asimismo, por medio de la publicidad disuasiva, así como añadiendo valor a los servicios prestados. Todo lo anterior no resultará sencillo, toda vez que los precios y tarifas resultan variables determinantes en la demanda de telefonía.

La diferenciación de los operadores, aguas abajo, en telefonía móvil, al menos en teoría, disuade al operador dominante, en este caso la CANTV, de desplegar conductas restrictivas del tipo exclusionarias o discriminatorias. Sin embargo, lo anterior ocurre cuando los objetivos de la empresa dominante son el beneficio, pero en el caso venezolano, donde incluso quiere normarse los contenidos y las posiciones editoriales, las empresas de valor agregado (aquellas distintas a las empresas de telefonía móvil) podrían ser victima de prácticas desleales (desleales debido a que eventualmente no se lesione al mercado en su conjunto sino a empresas pequeñas y/o incipientes). Es así como de nuevo debe traerse a colación la necesidad de eliminar el artículo 3 del proyecto de Ley Antimonopolio que exime a las empresas y entes públicos como sujetos de aplicación de la Ley. Este instrumento legal constituye un recurso de contraloría social e incluso individual en lo que a derechos económicos se refiere. Una vez que sean mantenidos y fortalecidos estos tipos de instrumentos legales que fungen como contralores, el Estado, el Gobierno y los entes y empresas públicas no podrán actuar de espalda al interés de la nación.

Conclusiones:

Entendemos que el cambio del modelo regulatorio que supone la estatización de la CANTV no se reduce exclusivamente al cambio de propiedad de la empresa de telefonía. Adicionalmente, habría que robustecer el entramado legal e institucional que permita garantizar que tal modelo regulatorio se dirija a la consecución del objetivo enunciado por el Ministro Chacón, a saber: una mayor penetración de los servicios, una mayor demanda, un incremento del excedente del consumidor no exclusivamente vía transferencia de rentas, sino igualmente por medio de la creación de nueva demanda, e incremento del bienestar social. Para que estos objetivos sean alcanzados habrá que: 1) eliminar el artículo 3 del proyecto de Ley Antimonopolio, 2) redefinir las vías institucionales y procedimentales con las que contarían el resto de los agentes económicos para resolver conflictos y controversias ante un agente económico (el Estado) que juega el papel de juez (regulador) y parte (CANTV), 3) esclarecerse si se ha generado o podría generarse alguna lesión a aquellos inversionistas que entraron a competir bajo unas reglas del juego determinadas y un modelo regulatorio determinado, y que a raíz de la estatización de la CANTV han cambiado tales reglas. 4) esclarecer que papel juega una serie de accionistas que el Gobierno pretende mantener, como los empleados-accionistas, una vez que la empresa no posee como objetivo la rentabilidad ni los dividendos. 5) el establecimiento de reglas o normas lo suficientemente robustas como para que el regulador del nuevo modelo actúe benevolentemente y no ponderando el beneficio o los intereses de un grupo particular del mercado. Esto quiere decir que el objetivo último del modelo regulatorio debería ser el bienestar social conjunto y la eficiencia económica y no la protección de buscadores de rentas o de adeptos políticos.

Por parte de las empresas privadas, quedará estar atentas a los movimientos de CANTV ante los anuncios realizados por el Ministro Chacón. La CANTV por ser una empresa Incumbent, por haber sido la primera en el mercado, por poseer el bucle local que constituye un essential facility, posee ventajas típicas de un first mover y de una empresa con posicionamiento ventajoso en el mercado. Así las cosas, las empresas competidoras deberán estar atentas para lidiar anuncios y próximos movimientos que realice la empresa, entendiendo que pretenderán mantener e incluso conquistar participación de mercado y sostener sus niveles de rentabilidad y eficiencia.

Este experimento natural de cambio de modelo regulatorio habrá que seguirlo de cerca y todos los agentes económicos estar atentos ante eventuales situaciones en las cuales puedan ser víctimas de conductas desleales o anticompetitivas. Especialmente deberá prestarse mucha atención a una situación potencial de despliegue de conductas predatorias o desleales por parte de CANTV ante su ventaja de ser empresa pública. Dependiendo de cómo lleve a cabo la CANTV la mentada reducción de tarifas y su ampliación de cobertura, se podría estar desatando una competencia en términos desleales y desiguales. Este tipo de casos cuentan con evidencia y ejemplos en la realidad y de hecho han sido denunciados e incluso sancionados en otros países, como por ejemplo en la Unión Europea.

5 etapas claves que conducen a ventas de calidad

Las 5 etapas clave que conducen a ventas de calidad
AUTOR: Mart�n E. Heller TEMA: Ventas


La venta de presi�n, de empuje y hasta de agresi�n para obtener resultados de venta a costa de la satisfacci�n de cientes, constituyen modalidades de "mala praxis" en la profesi�n.

Esa nefasta modalidad, producto del deconocimiento y de la acumulaci�n de vicios por improvisados profesionales, ha sido la causa principal que gener� el desprestigio de la venta durante d�cadas de improvisaci�n y poca y cuestionada �tica en el ejercicio de una actividad vital para todo tipo de negocio y magnitud.

Los directivos que delegaron en tales responsables la tarea de obtener sus metas no s�lo dejaron de cosechar sus resultados peri�dicos sino que no tuvieron una clara idea de la magnitud del da�o que dicho ejercicio produjo en la imagen de sus empresas, marcas, productos y servicios en el mercado.

Aunque cueste aceptarse, esta falta de cultura orientada hacia la venta con satisfacci�n a clientes a�n persiste en nuestros d�as en todo pa�s latino del mundo.

En caso de dudas, simplemente recuerde la �ltima vez en que percibi� un deleite como consecuencia de un contacto con un representante de ventas en los �ltimos a�os. Si desea ampliar en los motivos de esta falta de cultura hacia la venta, simplemente analice los resultados de nuestra Encuesta finalizada en enero del a�o 2001.

Por su parte, La Venta Profesional genera sus resultados mediante una acci�n basada exclusivamente en la eficiencia y en la eficacia de la gesti�n de sus representantes para alcanzar en forma sistem�tica y constante las metas peri�dicas establecidas.

Todo ello regido por el primero de sus 10 Fundamentos: "Obtener siempre prospectos y clientes satisfechos", asegurando deleite a cada contacto que se realiza en el mercado.

Para lograrlo, existen 5 etapas que surgen de la misma definici�n de La Venta Profesional:

"Es un proceso por el cual una persona (vendedor/a) induce a otra (prospecto o cliente potencial) a pasar por todas y cada una de las siguientes etapas:


  • Despertar su inter�s en el tema
  • Reconocer la existencia de necesidades o problemas que se satisfacen o solucionan con nuestros productos o servicios
  • Aceptar que los beneficios que surgen de las argumentaciones y recomendaciones, satisfacen las necesidades o resuelven los problemas manifestados previamente
  • Despertar e incrementar su deseo de compar
  • Tomar y ejecutar la decisi�n de compra"


Con el fin de visualizar el efecto de estas 5 etapas, obs�rvese que cuando nos disponemos a solucionar un problema o a buscar la satisfacci�n de una necesidad, todos realizamos dicha secuencia l�gica de razonamiento para resolverlo.

Lo m�s interesante de esta definici�n es que es totalmente aplicable para todo producto o servicio que se desee vender mediante todas las formas y estrategias de venta que existen y hasta surjan en el futuro. La �nica salvedad est� en c�mo avanzamos a trav�s de cada una de dichas etapas.

En el caso de los productos de consumo masivo que se adquieren a trav�s de la modalidad de autoservicio o bien a solicitud en los locales habilitados para su distribuci�n, los transitamos sin asistencia de representantes de venta. A lo sumo, a trav�s de proveedores que act�an en calidad de despacho para su entrega.

Cuando se trata de productos o servicios que no permiten adquirirse bajo esta modalidad, se hace necesario la intervenci�n de un representante que debe adoptar un rol inductivo para transitarlas.

Al proceder anal�ticamente a trav�s de una efectiva T�cnica Profesional de Ventas por cada una de esas etapas sin presi�n alguna, induciendo al interlocutor a pasar por cada una de dichas etapas, se obtiene un verdadero an�lisis con un alto grado de participaci�n del entrevistado.

Esto le permite analizar sus requerimientos y si, y s�lo si, le resulta conveniente tomar� su mejor decisi�n en cada caso. Dichas T�cnicas Profesionales de Venta permiten conocer y aprender a inducir con eficacia a toda persona contactada con destino a cierres de calidad total, o en caso de que no posea necesidades relacionadas con la propia oferta a un final de entrevista que abre las puertas para futuros negocios u oportunidades de venta.

El conocimiento y dominio de dichas t�cnicas proveen otra fortaleza clave para quienes aprenden a aplicarlas y que se refiere a la eficacia para lograr m�s cierres de calidad en menor n�mero de entrevistas realizadas.

En cuanto a la consistencia en el logro de resultados de venta, capitalizando dicha eficacia, se logra mediante un "m�todo de gesti�n" desarrollado a la medida de cada estrategia de ventas que se decida aplicar y con una eficiente direcci�n del equipo o fuerza de ventas.

Luego del desarrollo del presente tema, puede llegarse a establecer lo que realmente se desea obtener como resultado de la propia gesti�n cotidiana en el mercado por parte de los propios representantes. Cuanto mayor consistente sea la calidad que siembren, consistentemente mayor ser�n los frutos que se cosechen del mercado en cada per�odo del a�o y m�s alto ser� el posicionamiento de la marca en la mente de los actuales y futuros clientes.
Venezuela prevé realizar una tercera emisión del Bono del Sur, que combina deuda soberana venezolana y argentina, para el segundo semestre del 2007.

Tercera emisión de los del Bono Sur
El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas ratificó este lunes en Margarita lo dicho por el presidente Hugo Chávez, quien había anunciado la semana pasada que Venezuela lanzaría esta nueva emisión en los próximos meses, tras vender a inicios de marzo 1500 millones de dólares del "Bono del Sur II" para financiar el servicio de deuda y recoger excedentes de liquidez que están presionando los precios.

"Probablemente, sea hacia el segundo semestre que pueda poderse concretar una emisión del Bono del Sur III", dijo el ministro Cabezas a periodistas al margen de la cumbre energética suramericana que se celebra en la isla de Margarita.
Los bonos han sido utilizados por el gobierno venezolano para retirar el excedente de liquidez y restar presión al tipo de cambio no oficial, aunque las autoridades venezolanas lo califican, desde la primera emisión de 1000 millones de dólares en noviembre del 2006, de un poderoso instrumento de integración regional.

Ley de Reconversión monetario (Venezuela)


HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 1° de la Ley que autoriza al Presidente de la
República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las materias que se
delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
38.617 de fecha 1° de febrero de 2007, en Consejo de Ministros,
DICTA
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE RECONVERSIÓN
MONETARIA
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. A partir del 1° de enero de 2008, se reexpresa la unidad del sistema
monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a un mil bolívares
actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el
símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe
expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva
unidad, dividiendo entre 1.000, y llevado al céntimo más cercano.
El redondeo de toda fracción resultante de la reexpresión a que se contrae el presente
artículo que sea inferior a cero coma cinco (0,5) céntimos será igual al céntimo inferior;
mientras que el de toda fracción resultante de la citada reexpresión que sea igual o
superior a cero coma cinco (0,5) céntimos será igual al céntimo superior.
Artículo 2. Con ocasión de la reconversión monetaria a la que se refiere el artículo
anterior, las obligaciones en moneda nacional deberán contraerse en el bolívar
reexpresado, en sus múltiplos y, en su caso, submúltiplos. Asimismo, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de este Decreto-Ley, a partir del 1° de
enero de 2008, las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la
entrega, por su valor nominal, de los signos monetarios que representen al bolívar
reexpresado.
Artículo 3. A partir del 1° de enero de 2008, los precios, salarios y demás prestaciones de
carácter social, así como los tributos y demás sumas en moneda nacional contenidas en
estados financieros u otros documentos contables, o en títulos de crédito y en general,
cualquier operación o referencia expresada en moneda nacional, deberán expresarse
conforme al bolívar reexpresado.
Artículo 4. La reconversión monetaria prevista en el artículo 1° del presente Decreto-Ley,
está regida por los principios de igualdad de valor, equivalencia nominal, fungibilidad y
gratuidad, en los términos siguientes:
a) Igualdad de valor: La reconversión monetaria es neutra en el sentido de que no
produce alteración del valor de los bienes, servicios, créditos y deudas, cualquiera que
sea su naturaleza.
b) Equivalencia nominal: Todo importe expresado antes del 1° de enero de 2008 será
equivalente al importe monetario expresado en bolívares luego de aplicar la conversión
prevista en el artículo 1°.
c) Fungibilidad: Las expresiones contenidas en cualquier medio o instrumento
tendrán la misma validez y eficacia cuando se hayan convertido con arreglo a la
equivalencia prevista en el artículo 1° del presente Decreto-Ley.
d) Gratuidad: La conversión del bolívar, así como la realización de las operaciones
previstas en este Decreto-Ley o de cualesquiera otras que fueren necesarias para su
aplicación, será gratuita para los consumidores y usuarios, sin que pueda suponer el
cobro de gastos, comisiones, honorarios, precios o conceptos análogos. Se considerará
nulo de pleno derecho cualquier cláusula, pacto o convenio que contravenga lo dispuesto
en este literal.
Artículo 5. El Banco Central de Venezuela queda facultado para regular mediante
Resoluciones, todo lo relacionado con la ejecución de la reconversión monetaria objeto
del presente Decreto-Ley, así como para efectuar todas las actividades conducentes a la
debida sustitución de las especies monetarias hasta la puesta en circulación de los
nuevos billetes y monedas. A estos efectos, los demás integrantes de los Poderes
Públicos deberán, en el ejercicio de sus competencias, brindar el apoyo y la colaboración
necesarios y facilitarán los medios que coadyuven al cumplimiento del citado objeto, a fin
de preparar y asegurar la adecuada y oportuna operación del sistema monetario
reexpresado con la debida salvaguarda de los intereses del público.
Artículo 6. El Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ejecutivo Nacional,
tendrá la responsabilidad de definir la campaña de comunicación de la reconversión
monetaria establecida en el artículo 1° del presente Decreto-Ley, la cual tendrá carácter
formativo y divulgativo, y se ejecutará a través de todos los medios de comunicación,
incluyendo el diseño de iniciativas informativas dirigidas a las comunidades más aisladas.
A tales fines, la campaña integral divulgativa y formativa de la reconversión monetaria
asegurará el proceso de aprendizaje en materia de conversión y redondeo de precios,
mediante el establecimiento de reglas y ejemplos prácticos que permitan ilustrar los
efectos de la reconversión; sensibilizará sobre la importancia y utilidad de la medida de
reconversión; advertirá los mecanismos, lapsos y detalles operativos del proceso;
enfatizará sobre las características físicas de las nuevas especies monetarias; y
recomendará medidas de precaución para proteger a la población.
Las entidades del sector financiero y los órganos y entes de la Administración Pública
deberán dedicar en sus planes publicitarios, cualquiera sea el medio aplicable a sus
operaciones o actividades con el público, un espacio a la difusión de la nueva
equivalencia del bolívar prevista en el artículo 1° del presente Decreto-Ley, en
concordancia con las Resoluciones que dicte el Banco Central de Venezuela sobre la
materia.
Artículo 7. La Defensoría del Pueblo, el Instituto Autónomo para la Defensa y Educación
del Consumidor y del Usuario, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la
Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores, velarán por el
cumplimiento de este Decreto-Ley, actuando cada uno de ellos dentro de las atribuciones
y materias que fueren de su específica competencia de acuerdo con la normativa que los
rigen.
Artículo 8. Corresponde al Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del
Consumidor y del Usuario, recibir y tramitar todas las denuncias y reclamaciones que se
susciten en virtud del incumplimiento de alguno de los preceptos contenidos en el
presente Decreto-Ley, salvo que, por su naturaleza, correspondan ser conocidas por otro
órgano o ente de supervisión y fiscalización de conformidad con las leyes que los rijan.
Dichas denuncias y reclamaciones deberán ser sustanciadas y resueltas conforme al
procedimiento administrativo especial, previsto en las leyes respectivas.
Artículo 9. Salvo disposición especial, los que se nieguen a efectuar la conversión
contenida en el artículo 1° de este Decreto-Ley, o incumplan cualesquiera de las
obligaciones establecidas en el presente Decreto-Ley, serán sancionados con multa de
diez unidades tributarias (10 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.). La multa a
que refiere este artículo será impuesta y liquidada por el Instituto Autónomo para la
Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, conforme a lo establecido en la Ley
de Protección al Consumidor y al Usuario.
En los casos en que el sujeto sea una institución financiera, la multa a que refiere este
artículo será impuesta y liquidada por el órgano u organismo de control, vigilancia y
fiscalización al que se encuentra sujeta, conforme al procedimiento correspondiente.
Capítulo II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Los billetes y monedas metálicas emitidos por el Banco Central de Venezuela,
representativos de la unidad monetaria que se reexpresa en virtud del presente Decreto-
Ley, podrán circular con posterioridad al 1° de enero de 2008, quedando expresamente
entendido que tales especies monetarias continuarán conservando su poder liberatorio
hasta que sean desmonetizadas de acuerdo con Resolución del Banco Central de
Venezuela.
Segunda: En tanto los billetes y monedas metálicas referidos en la Disposición
Transitoria Primera del presente Decreto-Ley no hayan sido desmonetizados, el Banco
Central de Venezuela incluirá dentro de las características y diseño de los billetes y
monedas representativos del bolívar reexpresado, indicaciones que los distingan de las
especies monetarias en circulación.
Tercera: A partir del 1° de enero de 2008 y hasta que el Banco Central de Venezuela
mediante Resolución disponga otra cosa, las obligaciones de pago en moneda nacional
deberán indicar que se denominan en la nueva unidad mediante la expresión “Bolívares
Fuerte” o el símbolo “Bs. F”.
Los cheques y demás títulos de crédito emitidos hasta el 31 de diciembre de 2007, y
presentados al cobro a partir del 1° de enero de 2008, serán pagados por los bancos y
demás instituciones financieras de acuerdo con la equivalencia establecida en el artículo
1° del presente Decreto-Ley.
Los cheques y demás títulos de crédito emitidos a partir del 1° de enero de 2008, se
entenderán que atienden en su monto a la reconversión contenida en este Decreto-Ley.
Cuarta: Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos,
decretos, resoluciones, providencias, circulares, instrumentos o actos administrativos de
efectos generales y/o particulares, así como en decisiones judiciales, instrumentos
negociables, u otros documentos que produzcan efectos legales que hayan sido dictados
y/o entrado en vigor, según el caso, antes del 1° de enero de 2008, deberán ser
convertidas conforme a la equivalencia prevista en el artículo 1° del presente Decreto-Ley.
De igual modo, el papel sellado, los timbres fiscales, estampillas y/o sellos postales, así
como cualquier otra especie valorada en bolívares actuales deberán ser utilizados hasta
su agotamiento, entendiéndose su valor a partir del 1° de enero de 2008 conforme a la
equivalencia establecida en el artículo 1° del presente Decreto-Ley.
Quinta: A partir del 1° de enero de 2008, y hasta tanto el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria fije el nuevo valor de la unidad tributaria, la misma
será la que resulte de aplicar a la vigente la equivalencia establecida en el artículo 1° del
presente Decreto-Ley.
Sexta: Los estados financieros correspondientes a ejercicios concluidos antes del 1° de
enero de 2008, cuya aprobación se efectúe con posterioridad a esta fecha, deberán ser
expresados en la nueva unidad monetaria.
Séptima: A partir del 1° de octubre de 2007, y hasta que el Banco Central de Venezuela
mediante Resolución disponga lo contrario, todos los instrumentos por los cuales se
ofertan los precios de bienes y servicios, así como otros que expresen importes
monetarios, emplearán en su referencia tanto la unidad de cuenta previa a la reexpresión
a que se contrae el artículo 1°, como la resultante de esta última.
Octava: El Banco Central de Venezuela deberá realizar, de manera perentoria, las
acciones requeridas para satisfacer la producción y distribución de los nuevos billetes y
monedas que le corresponde emitir de conformidad con lo previsto en el presente
Decreto-Ley, debiendo en consecuencia seleccionar los proveedores de billetes y
monedas como productos terminados, así como de los bienes y servicios para su
fabricación, y contratar los servicios relacionados con la sustitución de las especies
monetarias existentes y la puesta en circulación de las nuevas especies monetarias, a
través del procedimiento establecido en el Capítulo II del Título IV del Decreto con Fuerza
de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de
2001.
Novena: Corresponde a las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado,
gestionar lo conducente para que el 1° de enero de 2008, los sistemas de cómputo y
cualquier otro mecanismo empleado por éstos para el procesamiento de los negocios y/u
operaciones que realicen y que impliquen la referencia a la moneda nacional, estén
adaptados a los fines de expresarla conforme a la reconversión prevista en el artículo 1°
del presente Decreto-Ley.
A tales efectos, el Banco Central de Venezuela queda facultado para tomar las medidas
necesarias y dictar las disposiciones conducentes para facilitar las adecuaciones a que se
refiere este artículo.
Décima: Los bancos y demás instituciones financieras, deberán ajustar sus sistemas y
gestionar lo conducente para que el 1° de enero de 2008, estén convertidos en su
totalidad los saldos de las cuentas de sus clientes bien sea por operaciones activas,
pasivas y otras, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto-Ley, e
informarla oportunamente a través de los medios que se consideren pertinentes; sin
perjuicio de la normativa que dicten los organismos de supervisión y fiscalización a tal
efecto.
Undécima: Quedan exentas de todo impuesto, tasa, arancel o contribución, sean éstos
nacionales, estadales, municipales y/o distritales, aquellas actividades u operaciones
necesarias para la producción y distribución de los nuevos billetes y monedas que le
corresponda emitir al Banco Central de Venezuela de conformidad con el presente
Decreto-Ley, así como los bienes y servicios necesarios para su fabricación, y la
contratación de los servicios relacionados con la sustitución de las especies monetarias
existentes y la puesta en circulación de los billetes y monedas de los bolívares
reexpresados, así como aquellas que se generen en la formulación y ejecución de la
estrategia divulgativa que deberá efectuar el Banco Central de Venezuela con ocasión de
la reexpresión objeto del presente Decreto-Ley.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, prestará toda la
colaboración necesaria para el trámite expedito de todas las importaciones relacionadas
con el objeto del presente Decreto-Ley.
Décimosegunda: Los que se nieguen a recibir las especies monetarias a que se refiere la
Disposición Transitoria Primera del presente Decreto-Ley, en concepto de liberación de
obligaciones dinerarias, serán sancionados con multa equivalente al cuádruple de la
cantidad cuya aceptación se haya rehusado. La multa que refiere este artículo será
impuesta y liquidada por el Banco Central de Venezuela.
Capítulo III
DISPOSICIÓN FINAL
Única: El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia desde
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los seis días del mes de marzo de dos mil siete. Años 196° de la
Independencia y 148° de la Federación.
Ejecútese,
(L.S.)
HUGO CHAVEZ FRIAS

Ensayo de economia política.


La economía política del déficit presupuestario

Introducción

Mis ideas acerca de la economía y la política de los déficit presupuestarios financiados mediante la deuda no gozan de una aceptación amplia entre mis colegas economistas. De hecho, mi pensamiento sobre este tema puede ser más próximo a aquel que emerge del sentido común del ciudadano ordinario. Presenté por primera vez estas ideas en 1958 en libro Public Principles of Public Debt (Principios públicos de la deuda pública), que desafiaba la noción keynesiana entonces ortodoxa de que la deuda pública no entraña ningún deslizamiento temporal de la carga porque “la debemos nosotros mismos”. A la largo de tres décadas mis creencias básicas no han cambiado. Es mucho más importante lograr que los fundamentos del análisis sean correctos, a fines de los ochentas, de lo que fue en los cincuenta. Mi segundo esfuerzo de importancia fue un libro, Democracy in Deficit (La democracia en déficit), escrito en colaboración con Richard E. Wagner y publicado en 1978. Este segundo libro no examinaba las consecuencias económicas de las deudas y lo déficit; intentaba explicar por que los procesos de toma de decisión modernos o poskeynesianos generan una forma de financiamiento deficitario casi permanente. Mientras que el primer libro era un ataque contra la teoría macroeconómica keynesiana de la deuda pública, el segundo libro era un ataque contra las presuposiciones keynesianas acerca de la política democrática.

Tal vez no deba sorprendernos que mis esfuerzos en ambos casos erizaron el plumaje de los economistas, quienes continúan bajo el dominio del paradigma macroeconómico impuesto a mediados del siglo pasado por la “revolución” keynesiana en el pensamiento económico. No continuaré la argumentación que prevalece en este contexto con otros economistas, pero resulta útil mencionar aunque sea brevemente la posición de mis adversarios como trasfondo para la discusión que sigue.

Los principales elementales

En los términos más sencillos, las consecuencias económicas de un déficit presupuestario financiado con deudas son equivalentes a las consecuencias económicas de un déficit financiado mediante endeudamientos en la cuenta de cualquier unidad económico-financiera, sea esta una persona, una familia, una corporación, un club, una iglesia o un sindicato de trabajadores. Cuando los ingresos que se obtienen son inferiores a los egresos o gastos actuales surge un déficit, y si no se incrementan los ingresos o se disminuyen los egresos el déficit o diferencia debe ser financiado pidiendo préstamos, en el caso de los gobiernos nacionales, que tienen la autoridad para emitir papel moneda, los déficit presupuestarios también pueden financiarse directamente mediante la emisión de dinero. Dejaré fuera de esta discusión esta posible fuente de ingresos, ya que el tema que nos interesa trata de las consecuencias de los déficit financiados por medio de deudas. Estas consecuencias en sí mismas pueden hacer de la monetarización un recurso de última instancia, aspecto que trataré en forma breve más adelante.

Tanto para el deudor como para el acreedor, la venta y compra de instrumentos de deuda implica un desplazamiento temporal de la disponibilidad de fondos. El deudor se ve capacitado a adaptar más que sus ingresos al inicio del período presupuestal, pero se obliga a gastar menos que sus ingresos en algún periodo futuro. Por la otra parte, el acreedor gasta menos que sus ingresos en el periodo inicial pero se ve capacitado para gastar más que los ingresos en los periodos durante los cuales la deuda se amortiza. Como he sostenido a lo largo de tres décadas, el gobierno no es fundamentalmente diferente en estos sentidos de cualquier otro deudor.

Se hace necesario volver a los orígenes debido a la inmensa confusión que priva en buena parte de las discusiones sobre la deuda pública y los déficit. Si descartamos una suspensión en el servicio de la deuda, la consecuencia económica primaria del gasto gubernamental financiado por deuda es la necesidad garantizada de que nosotros, como ciudadanos contribuyentes y beneficiarios de los programas positivos, deberemos renunciar a partes de nuestros ingresos en periodos futuros para poder cubrir los gastos de intereses y amortizaciones sobre la deuda. Una parte de nuestros ingresos futuros ha sido comprometida para satisfacer los legítimos reclamos de los acreedores del gobierno. No importa en absoluto si estos acreedores son ellos mismos ciudadanos o extranjeros.

El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamientos equivale a “devorar” el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviación de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como lo haría el consumo de bienes de capital. Al financiar los egresos públicos actuales mediante endeudamientos, en realidad lo que estamos haciendo es cortar el manzano para hacer leña, con lo cual reduciremos la cosecha del huerto para siempre.

Con frecuencia se rechaza la analogía entre el consumo público financiado por endeudamiento y la destrucción del valor capital porque se argumenta que, siendo ciudadanos los acreedores de la deuda interna, las obligaciones contra los ingresos futuros de ésta se balancean exactamente contra las exigencias de quienes han comprado participaciones gubernamentales. Desde esta lógica macroeconómica simplista, no hay efectos sobre los valores del capital sumados sobre toda la economía. El absurdo de esta argumentación queda demostrado en cuanto reconocemos que quienes compran las participaciones en el gobierno lo hacen en forma completamente voluntaria en una transacción de intercambio y que, precisamente porque la compra es voluntaria, estas mismas personas pudieron haber empleado esos fondos sea para comprar otros activos privados que rindan ingresos o para el consumo privado durante el periodo inicial. En cualquier caso, los valores de capital de los acreedores en manos de aquellos que compraron participaciones gubernamentales no se pueden contra como contrapartes positivas del valor de capital negativo que necesariamente entraña la obligación de satisfacer caros futuros por intereses y amortización. Este valor negativo es un cargo contra la cartera de los ciudadanos, como miembros de la unidad política, y no se balancea por ningún incremento positivo al valor de capital asignado apropiadamente a este mismo portafolio. Este resultado es válido independientemente de las fuentes de los fondos iniciales prestados al gobierno.

Deuda interna y deuda externa

Este error lógico básico en el análisis también anima el conocido argumento según el cual la deuda en manos de extranjeros, así llamada deuda externa, es más onerosa que la deuda que está en manos de ciudadanos o de organizaciones domésticas. El error aquí se origina por no considerar las alternativas que inicialmente se ofrecen a quienes compran los títulos. Si son ciudadanos quienes compran los instrumentos de la deuda, se hace imposible el empleo alternativo d los fondos en la economía doméstica. Si los bonos son comprados por extranjeros, quedarían abiertas estas alternativas en la economía doméstica. Las reclamaciones contra ingresos futuros por parte de los extranjeros del segundo caso son exactamente equivalente al valor de los empleos de los fondos que siguen estando disponibles para su explotación como inversiones privadas o como oportunidades de consumo. Como ciudadanos, como miembros de la organización política del gobierno, quedamos exactamente en la misma posición si la deuda nacional está en manos de personas al interior o al exterior de la economía nacional.

Se sugiere con frecuencia que el régimen de los ochenta de déficit masivos ha podido sostenerse sin perjuicios económicos mayores sólo gracias a que han sido extranjeros quienes han comprado grandes lotes de las obligaciones emitidas para financiar los déficit. De otro modo, se sugiere, los déficit presupuestarios de la magnitud experimentada habrían ejercido presiones ascendentes inaceptables sobre las tasas de interés. Mi conclusión acerca de los efectos equivalentes de la deuda externa y la doméstica o interna no contradicen tal sugerencia. El impacto de un déficit financiado con endeudamiento de cualquier tamaño sobre las tasas de interés dependerá de la oferta de fondos para prestar, y si los inversionistas extranjeros ofrecen fondos para los mercados de préstamos locales, sean públicos o privados, las tasas de interés serán menores de lo que serían de no disponerse de tales fondos de inversión extranjera. No hace ninguna diferencia si los extranjeros compran obligaciones privadas o gubernamentales.

Arrinconamiento

Una segunda fuente de confusión mayor, o al menos de ambigüedad, tiene que ver con la cuestión del “arrinconamiento”. Como el financiamiento de la deuda fuerza al gobierno a vender obligaciones a cambio de los fondos que proveen los acreedores, fondos que se consumen cuando gasta el gobierno, parece evidente que estos fondos podrían ser empleados por los prestadores para comprar obligaciones privadas que rindan ingresos. Los vendedores potenciales de obligaciones privadas (por ejemplo, firmas en busca de expandir sus facilidades de capital mediante la emisión de acciones o bonos) quedan “arrinconados”. Las obligaciones privadas sólo pueden entrar al mercado a tasas de interés que son muy superiores a aquella que prevalecerían de no existir la operación de préstamo del gobierno.

Algunos economistas han cuestionado este argumento en apariencia simple; según ellos la cuestión de la deuda pública, en sí misma, estimula nuevos ahorros. De acuerdo con esta argumentación, los ciudadanos se darán cuenta de los gravámenes tributarios que están implicados en cualquier operación de endeudamiento público del periodo futuro. En consecuencia, ajustarán su comportamiento de tal manera que estos futuros pagos de gravámenes, que les serán impuestos a ellos o a sus descendientes, puedan ser más fáciles de cumplir. Según este escenario, el ciudadano, al poder observar el endeudamiento del gobierno hará ahorros adicionales mediante la reducción de sus tasas actuales de sus gastos de consumo. El ahorro adicional, en la medida en que ser realice, deberá equiparse con las demandas adicionales de fondos prestables que representa la operación de endeudamiento público. En el extremo, si los nuevos ahorros balancean completamente la situación, no habrá “arrinconamiento”. Y, aun de no ser completo, cualquier ahorro que se genere como resultado de la cuestión de la deuda pública atenuará el arrinconamiento de la formación de capital privada más allá de lo sugerido por el argumento inicial.

Mi propia posición es que el hecho de que el financiamiento por endeudamiento de los déficit presupuestarios “arrincone” o no a la inversión privada y a la formación de capital es esencialmente una cuestión no es mi intención sugerir que carezca de importancia. En vez de ello sugiero que es inexcusable que los economistas se concentren injustificadamente en esta discusión, que suponga que no ocurre ningún arrinconamiento. Supongamos que los déficit financiados por deuda no tiene efectos sobre la tasa de interés, y por ende sobre la tasa de formación de capital en la economía. Este resultado requeriría que los nuevos ahorros generados fueran suficientes para financiar por completo todos los instrumentos de deuda gubernamental ofrecidos.

La consecuencia económica primaria del financiamiento por endeudamiento de los déficit seguiría estando presente aun en este caso extremo y totalmente fuera de la realidad. Seguirá habiendo una demanda neta contra los flujos de ingresos privados futuros en la economía, demanda detentada por los acreedores del gobierno, todas aquellas personas, individuos u organizaciones, domésticos o extranjeros, que posean títulos gubernamentales. Los impuestos, que por su propia naturaleza son coercitivos, tendrán que imponerse en contra personas para poder generar los ingresos necesarios para financiar el pago de intereses sobre la deuda. Por definición, aquella parte de los ingresos privados que deba destinarse al pago de impuestos no puede estar disponible para usos privados como podrían desear los individuos, tanto para efectos privados como podrían desear los individuos, tanto para efectos privados como públicos. Se hará presente la carga de tener que efectuar pagos de impuestos a partir del ingreso personal, independientemente del comportamiento de aquellos que hagan las decisiones del periodo inicial respeto a cuánto ahorrar y cuánto consumir. La persona que enfrente un impuesto para financiar el pago de intereses no establecerá ninguna relación entre el ahorro que sus padres puedan o no haber hecho y la deuda que se contrajo anteriormente. La persona que enfrente un impuesto para financiar el pago de intereses no establecerá ninguna relación entre ahorro que sus padres puedan o no haber hecho y la deuda que se contrajo anteriormente. La persona que encare un impuesto así razonará simplemente a partir del hecho observado de que los ingresos que de otra manera podría usar se le quitan así razonará simplemente a partir del hecho observado de que los ingresos que de otra manera podría usar se le quitan mediante impuestos. El resultado es análogo precisamente al ejemplo de la huerta de manzanas que mencionamos anteriormente. Si el producto de tres de los árboles dentro de la propiedad nominal de un individuo se destinan al servicio de la deuda, esto es completamente equivalente a tener una huerta con tres árboles menos.

¿Cuánto tiempo podemos gravar el futuro?

Las implicaciones descriptivas del análisis más elemental son claras. El gobierno federal se ha embarcado en un patrón de gastos financiados por endeudamiento que no puede sostenerse indefinidamente. El hecho de que el gobierno no pueda caer en bancarrota en ningún sentido análogo a la bancarrota de personas o de firmas comerciales no modifica nada la proposición central. Por supuesto, los poderes últimos que el gobierno tiene para recaudar impuestos y crear dinero garantizan que se respetarán todas las demandas por deudas a valor nominal, pero no nos ofrecen una opción viable para una reforma permanente, ni un incremento continuado de la proporción de la proporción de los impuestos recaudados, destinada al pago de intereses ni tampoco una monetarización inflacionaria de las deudas nominales.

Es necesario reducir el déficit presupuestal. Pero, ¿cuáles son la consecuencias de esta reducción? Es necesario recortar, tal vez dramáticamente, las tasas actuales de gasto gubernamental, y/o incrementar quizá dramáticamente las tasas impositivas actuales. Cualquiera de estas dos opciones, o cualquier combinación de ellas también debe tener serias consecuencias económicas. Los recortes en el gasto reducirán los beneficios esperados por todas aquellas personas y grupos que han anticipado programas de expansión continuos. Los aumentos en los impuestos, reducirán los ingresos disponibles para los individuos

privados, una proporción de los cuales se habrían destinado a la inversión privada.

Podría predecirse que una reducción en el déficit, financiada por un recorte en las tasas del gasto gubernamental o por un incremento en las tasas de los impuestos, haría descender la tasa de interés, ya que la reducción de la demanda gubernamental de fondos prestables no quedaría completamente compensada por una reducción en la oferta de tales fondos. Este efecto sobre la tasa de interés es a su vez una consecuencia secundaria de la reducción o eliminación del déficit. La consecuencia primaria es un desplazamiento de la incidencia del pago de los programas gubernamentales que cambia de causantes futuros a aquellos que están activos durante el periodo en que el gobierno hace realmente sus erogaciones.

En algún punto será necesario realizar este desplazamiento en la incidencia temporal del gasto gubernamental. El crecimiento real de la economía nacional puede posponer el día en que se llegue a esa decisión, pero el pago de intereses no puede absorber de manera permanente una proporción creciente del presupuesto federal.

¿Es necesario cambiar las reglas?

¿Acaso hay buenos prospectos de que nuestros procedimientos democráticos de decisión puedan lograr este cambio de incidencia? ¿No será necesario predecir que estos procesos operarán para asegurar que el dilema del déficit empeore mucho antes de que mejore? ¿Después de haberse embarcado en este patrón de gasto financiado por endeudamiento, podrá nuestra estructura política, tal como está organizada hoy en día, salir airosa del desafío que enfrenta?

No creo que pueda ni que vaya a hacerlo. Como todos podemos observar, parece haber costos políticos casi insuperables implicados tanto en una reducción de los gastos como en el aumento de impuestos. La política moderna de Estados Unidos opera en concordancia con un conjunto de reglas que vuelven casi imposible una resolución efectiva de la cuestión del déficit. Debe quedar clara la implicación de esto. Sólo podemos esperar mejorías o reformas si se cambian las reglas. Debido a esta convicción, desde hace mucho he apoyado resueltamente las proposiciones de enmienda a la constitución que exijan un balance presupuestal.

No desarrollaré aquí el argumento a favor de tal enmienda. Lo he hecho en muchas ocasiones anteriormente, y no es éste mi cometido actual. En vez de ello deseo adoptar una perspectiva “realista” y examinar lo que parece hoy, a fines de los ochenta, el escenario más probable. Independientemente de lo que yo pudiera esperar en lo personal hoy no puedo predecir la instrumentación de una enmienda a la constitución que pueda asegurar un presupuesto balanceado en el decenio próximo. Es más, no pienso que los compromisos congresionales en la forma general Gramm-Rudman se vuelvan efectivos. Bien pueden darse esfuerzos del congreso que sean casi exitosos en el corto plazo para reducir el tamaño de los déficit presupuestales sin cambios en las reglas o procedimientos básicos de decisión. Incluso estos

esfuerzos pueden llegar a ser contraproducentes a largo plazo debido a que pueden, en la medida en que tengan éxito en el corto plazo, servir sólo para distraer la atención de la reforma estructural de procedimientos que se requiere. Cualquier restablecimiento del congreso como ese de una disciplina fiscal efectiva podría y sería probablemente disipado de manera rápida por un retorno hacia la intemperancia fiscal. Si se da credibilidad a este prospecto, ¿por qué habrían de incurrir los dirigentes políticos en costos políticos y económicos presentes a fin de beneficiar a líderes políticos y representantes que vendrán después?

Prospectos de incumplimiento

Así pues, ¿qué podemos esperar con realismo? ¿Las constantes expresiones de preocupación harán algo sobre los déficit financiados por deuda, tomando en cuenta su magro éxito? ¿Lo harán interesantes cada vez más gravosos que consumen porciones más y más grandes de los egresos del presupuesto federal?

En algún punto de una secuencia como ésta, el incumplimiento o el repudio de la deuda nacional debe convertirse en un tema político central. Como la deuda nacional de los Estados Unidos está tasada casi exclusivamente en dólares, puede reducirse su valor real mediante la emisión de dinero en su límite a cero, dramáticamente. Hay dos vías en las que puede tomar lugar el incumplimiento mediante la monetarización. Primera, las autoridades monetarias de la Reserva Federal podrían sencillamente comprar todas las obligaciones corrientes de gobierno con dólares recién creados. Bajo tales circunstancias, se garantizaría a todos los acreedores el valor nominal completo de sus créditos. La inflación generada por el dinero recién emitido reduciría los valores reales de todas las obligaciones fijas de la economía; la operación sería equivalente a gravar con impuestos a todos los tenedores de tales obligaciones. De manera alternativa, la autoridad monetaria podría genera inflación expidiendo dinero adicional a través de los canales ordinarios, reduciendo de esta forma los valores reales de todas las deudas nominales circulantes, tanto pública como privadas. En este caso los efectos serían casi equivalentes a los de la primera operación: la incidencia efectiva sería sobre los tenedores de obligaciones fijas. Es más probable que ocurra la segunda de estas operaciones que la primera, acompañada por la negativa de todos los involucrados en cuanto a que se trate de un intento explícito de no caer en incumplimiento respecto a la deuda nacional.

La relación entre la deuda nacional y otra ronda de inflación merece ser observada más cerca. La inflación efectuará una reducción del valor real de la deuda pública pendiente; la deuda como proporción del PIB podría incluso nivelarse y hasta decrecer. Por esta razón, resultan muy sospechosas todas las comparaciones entre el tamaño de la deuda nacional y el PIB, ya que la proporción de deuda a producto se puede reducir dramáticamente mediante una inflación masiva. No obstante, una política de tal envergadura puede resultar mucho menos efectúa (desde la perspectiva del gobierno) a fines de los ochenta y

principios de los noventa de lo que resultó en el decenio de los setenta. Dado que hoy en día la deuda circulante se concentra más en instrumentos de corto plazo, las expectativas inflacionarias se verían rápidamente traducidas en las tasas de interés. A medida que el gobierno intentara dar vuelta y refinanciar instrumentos de deuda que llegasen al vencimiento, los pagos de intereses se elevarían para alcanzar la inflación anticipada. Los resultados fiscales aparentemente benéficos tendrían efectos sobre todo en el corto plazo.

En algún punto de esta secuencia, es indudable que la discusión política tocaría en forma más explícita el repudio de la deuda nacional; el hecho de que la mayoría de los comentaristas sobre el déficit, incluyendo economistas, soslayen un examen serio del repudio de la deuda me parece análogo a cruzar un cementerio silbando. Cuando consideramos el incumplimiento seriamente, nos damos cuenta de que los argumentos contra un cambio de política drástico no son ni tan fuertes ni tan auto evidentes como nos gustaría esperar. No me es posible en este lugar desarrollar por completo los argumentos contra un cambio de política drástico no son ni tan fuertes ni tan auto evidentes como nos gustaría esperar. No me es posible en este lugar desarrollar por completo los argumentos de ambos bandos, pero permítaseme formular la cuestión como sigue: ¿Por qué habría que coaccionar a los contribuyentes y a los beneficiarios de los impuestos que vivan en el año 2000 a pagar los beneficios de los programas públicos que nosotros, los contribuyentes y los beneficiarios de los ochenta hemos consumido? ¿Por qué habrían de pagar los contribuyentes de un período futuro (que por supuesto puede incluirnos a muchos de nosotros) por los dispendios de hoy? He examinado esta pregunta con cierto detalle, y el argumento más fuerte que pude encontrar contra el incumplimiento estriba en el reconocimiento legítimo de los reclamos sostenidos por los acreedores. Aquellos que están comprando obligaciones gubernamentales, y los que lo han hecho en el pasado, lo hacen y lo han hecho bajo la expectativa de que sus derechos serán respetados. Repudiar tales obligaciones equivaldría a una violación contractual, y nos gusta vivir dentro de un sistema legal en el cual respetan los contratos. Sin embargo, los gobiernos nos han roto contratos en muchas ocasiones anteriores, y, después de todo, ¿con quién celebraron el contrato los acreedores? No deseo sugerir que los argumentos a favor del repudio de las deuda nacional llegaran a ser dominantes en lo político. Lo que sugiero en cambio es que el incumplimiento se volverá cada vez más discutido a medida que continúe el patrón de gasto financiado por endeudamiento.

El incumplimiento, claro está, implicaría un alto a nuevos préstamos, al menos por un tiempo, puesto que los prestamistas devendrían bastante escasos. No obstante, obsérvese que el repudio de la deuda eliminaría el enorme componente que significan los intereses en el presupuesto. Así pues, una vez que rebasemos el umbral donde los cargos anuales por intereses excedan el déficit anual (lo cual no está lejos), realmente será el interés de los contribuyentes y beneficiarios de los impuestos repudiar la deuda.

Conclusiones

Tanto nuestras estructuras fiscales como las monetarias se encuentran actualmente en desorden. Como miembros del cuerpo político, todos nos estamos comportando irresponsablemente en nuestro poco deseo por observar, analizar y por último apoyar reformas estructurales que ofrezcan las únicas perspectivas de una mejoría permanente. Hemos permitido que, accidentalmente, unas autoridades monetarias casi independientes se hicieran de un monopolio sobre los asuntos que atañen al dinero fiduciario sin control efectivo de mercado o político. ¿Quién puede predecir un camino aleatorio, que es la mejor forma de caracterizar la clase de sistema monetario que hoy padecemos? Al lado de esta autoridad monetaria de camino aleatorio, tenemos una estructura fiscal de la que ha sido prácticamente eliminada toda pretensión por balancear los costos de los impuestos contra los beneficios de los gastos. Sin embargo, el problema no es la irresponsabilidad de los dirigentes políticos, tanto en las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno. El problema es que las reglas del juego son tales que la prudencia y responsabilidad fiscales se encuentran más allá de los límites de lo políticamente realizable. Los contribuyentes disfrutan los beneficios del gasto público; no disfrutan con el pago de impuestos. La política del déficit es tan sencilla como esto.

La tragedia es que tantos de nosotros nos demos cuenta con claridad de lo que está sucediendo y sigamos siendo impotentes para hacer algo al respecto. Con frecuencia he hablado a favor de una genuina “revolución constitucional”, pero ¿cómo podemos avanzar hacia su realización?

A pesar de todo, permítaseme terminar con una nota más bien optimista. A lo largo de una década se ha discutido seriamente acerca de la propuesta de enmienda constitucional para un balance presupuestario, y ello en niveles políticos importantes. Gramma-Rudman expresa por lo menos un reconocimiento de la necesidad de varios tipos de pre-compromisos fiscales. Por último, los economistas están a punto de darse cuenta de la necesidad de examinar cambios estructurales básicos en nuestras instituciones económicas y políticas, y sobre todo en nuestra estructura monetaria y fiscal. Todos estos probablemente sean precursores necesarios de una reforma a las reglas fiscales y monetarias. Si, y se trata de un si muy grande, tan sólo pudiéramos iniciar esta reforma antes de que sea demasiado tarde.

La globalización de las finanzas

La globalización de las finanzas

por Alan Greenspan

Alan Greenspan es Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este artículo es una versión editada de su discurso de apertura de la XV Conferencia Monetaria Anual del Cato Institute, celebrada el 14 de octubre de 1997.

Ha surgido una expansión dramática en el flujo financiero a través de las fronteras y dentro de los países como resultado del rápido incremento de las telecomunicaciones y de las tecnologías y los productos basados en la computación. El ritmo ha llegado a ser sorprendente. Este desarrollo basado en la tecnología ha expandido de tal manera la amplitud y profundidad de los mercados que los gobiernos, aun los incrédulos, han sentido que no tienen otra alternativa que desregular y liberalizar el crédito interno y los mercados financieros.

En los últimos años la integración económica global se ha acelerado en una multitud de frentes. Mientras que la liberalización del comercio, proceso que se ha venido efectuando durante algún tiempo, ha continuado, han ocurrido cambios más dramáticos en la esfera financiera.

Los mercados financieros mundiales hoy son sin duda más eficientes que nunca. Los cambios en las comunicaciones y en las tecnologías de la información, y los nuevos instrumentos y técnicas de manejo de riesgo que estos cambios han hecho posible permiten a un amplio rango de firmas financieras y no financieras manejar sus riesgos financieros de manera más efectiva. Como consecuencia, esas firmas pueden concentrarse ahora en manejar los riesgos económicos asociados con sus negocios primarios.

La sólida rentabilidad de los nuevos productos al tenor de su enorme proliferación es prueba de la creciente efectividad de los mercados financieros en facilitar el flujo del comercio y de las inversiones directas, que claramente están contribuyendo a elevar como nunca los estándares de vida en el mundo. Se han desarrollado complejos instrumentos financieros -instrumentos derivados, en una forma u otra- para sacar ventaja de los logros en comunicaciones y en las tecnologías de la información. Tales instrumentos no hubieran florecido como lo han hecho sin los avances tecnológicos ocurridos en las décadas pasadas. Estos instrumentos no podrían valorarse apropiadamente, los mercados involucrados no se podrían arbitrar apropiadamente y los riesgos a que ellos dan lugar no podrían ser manejados de ninguna manera, menos aun apropiadamente, sin la capacidad de instrumentos poderosos de procesamiento de datos y comunicaciones.

Nuevos desafíos

Aun así, para los banqueros de los bancos centrales responsables de la estabilidad de los mercados financieros, las nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos presentan nuevos desafíos. Algunos argumentan que la dinámica de los mercados se ha alterado de manera que aumenta la posibilidad de disturbios significativos del mercado. Cualquiera que sea el mérito de este argumento, hay una percepción clara de que las nuevas tecnologías y los instrumentos financieros y técnicas que aquéllas han hecho posible han fortalecido la interdependencia entre los mercados y los participantes del mercado, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Como resultado, un disturbio en un segmento del mercado o en un país es casi seguro que se trasmitirá más rápidamente a través de la economía mundial que en épocas anteriores.

En generaciones previas, la información se movía lentamente, restringida por el estado primitivo de las comunicaciones. Las crisis financieras a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, particularmente aquellas asociadas con las guerras napoleónicas, frecuentemente se relacionaban con eventos militares o de otra naturaleza en lugares muy lejanos. La posición especulativa de un inversionista podría ser destruida por un conflicto militar, algo que no sabría sino hasta después de días o incluso semanas. Hoy en día, desde la perspectiva de un banco central, eso podría considerarse una bendición.

A medida que se desarrolló el siglo XIX, las comunicaciones se aceleraron. A finales de ese siglo los eventos acontecían más rápidamente, pero su velocidad era más bien una marcha lenta en comparación a los estándares de los mercados financieros de hoy. El entorno que rodea actualmente a los bancos centrales -y desde luego también a los participantes privados en los mercados financieros- se caracteriza por la comunicación instantánea.

Es importante averiguar las raíces de esta extraordinaria expansión de las finanzas globales para evaluar sus beneficios y riesgos, y para sugerir algunos caminos que pueden explorarse útilmente con el objeto de detener sus consecuencias adversas potenciales.

Las raíces de la globalización

Un sistema financiero global, desde luego, no es un fin por si mismo. Es la infraestructura institucional que se ha desarrollado durante siglos para facilitar la producción de bienes y servicios. Consecuentemente, podemos comprender mejor la evolución de los florecientes mercados financieros de hoy analizando los cambios extraordinarios que han ocurrido en el siglo pasado o antes, en lo que convencionalmente conocemos como el sector real de la economía: la producción de bienes y servicios. Las mismas fuerzas tecnológicas que actualmente impulsan las finanzas se manifestaron primero en el proceso de producción y han tenido un efecto profundo en lo que producimos, cómo lo producimos, y cómo lo financiamos. Los cambios tecnológicos, o dicho en forma más general, las ideas, han alterado significativamente la naturaleza de la producción de tal manera que ha llegado a ser más conceptual y menos física. La parte física de lo que se mide en el producto interno bruto real constituye hoy una proporción mucho más pequeña que en generaciones pasadas.

La sustitución creciente de conceptos por esfuerzo físico en la creación de valor económico también ha afectado la forma cómo producimos; ejemplo de ello lo constituyen los sistemas de diseños apoyados en la computación, herramientas para máquinas, y sistemas de control de inventarios. Rutinariamente ahora las oficinas están equipadas con tecnologías de alta velocidad de procesamiento de información. Debido a que la adquisición de conocimientos es con raras excepciones irreversible, esta tendencia continuará en el próximo siglo y más allá. La creación de valor en el advenimiento del siglo XXI seguramente involucrará la transmisión de información e ideas generalmente sobre redes complejas de telecomunicaciones. Ese desarrollo creará considerablemente mayor flexibilidad en cuanto a dónde se prestan los servicios y dónde realizarán sus trabajos los empleados. Hace un siglo, el transporte de bienes a las localidades donde crearían mayor valor sirvió el mismo propósito para una economía cuya creación de valor aún descansaba fuertemente en la producción física voluminosa.

Es de esperarse que así como los bienes y servicios se han trasladado a través de las fronteras, la necesidad de financiarlos haya aumentado dramáticamente. Pero lo que resulta particularmente sorprendente es como ha llegado a ser tan grande la financiación a través de fronteras en relación al comercio que financia. Seguramente, una buena parte de la financiación a través de las fronteras apoya portafolios de inversión, sin duda, algunos de ellos muy especulativos. Sin embargo, en el fondo, incluso éstos forman parte de los sistemas de apoyo al movimiento internacional eficiente de bienes y servicios.

La rápida expansión de la banca y de las finanzas a través de las fronteras no debe sorprendernos dada la extensión por la cual el procesamiento de información y las tecnologías de comunicación de bajo costo han mejorado la habilidad de los clientes en una parte del mundo de evaluar por sí mismos depósitos, préstamos, o oportunidades de manejo de riesgos ofrecidas en cualquier parte del mundo en bases de tiempo real.

Beneficios y riesgos de un sistema financiero global

Estos desarrollos realzan el proceso mediante el cual un exceso de ahorro sobre la inversión en un país encuentra una salida apropiada en otro país. En pocas palabras, facilitan el impulso para igualar las tasas de retorno ajustadas al riesgo en las inversiones a nivel mundial. Por lo tanto, mejoran la asignación de recursos escasos de capital a nivel mundial y, en el proceso, engendran una considerable dispersión del riesgo y oportunidades de compensar los riesgos.

Pero aún hay evidencia de que el arbitraje de tasas de retorno ajustadas al riesgo a nivel mundial no es completo. Esto sugiere que existe el potencial para que se desarrolle un sistema financiero mundial más grande que el actual. Si podemos resistir las presiones proteccionistas en nuestras sociedades tanto en el área financiera como en el intercambio de bienes y servicios, podemos anticipar los beneficios de la división internacional del trabajo en una escala mucho más grande en el siglo XXI.

Lo que no sabemos con carteza, pero sospechamos fuertemente, es que la expansión acelerada de las finanzas globales puede ser indispensable para el rápido y continuo crecimiento en el comercio mundial de bienes y servicios. Ha llegado a ser crecientemente evidente que se requerirán muchos estratos de intermediación financiera si vamos a capturar todos los beneficios de nuestros progresos en las finanzas. Ciertamente, la emergencia de un mercado de divisas de alta liquidez ha facilitado las transacciones forex y la disponibilidad de estrategias de hedging más complejas permiten a productores e inversionistas alcanzar las posiciones de riesgo que desean. Esto se debe en su mayor parte a la habilidad de los productos financieros modernos a desagregar riesgos complejos de manera tal que permite a cada parte escoger la combinación de riesgos para avanzar en su estrategia de negocios y evitar aquellas que permitan ese avance. Este proceso incrementa el comercio de bienes y servicios entre países, facilita estrategias de inversiones de portafolio a través de las fronteras, realza el financiamiento a bajo costo de formación de capital real a nivel mundial, y conduce a una expansión del comercio internacional y aumento de los estándares de vida.

Pero alcanzar aquellos beneficios seguramente requerirá el mantenimiento de un ambiente de estabilidad macroeconómica. Un ambiente llevadero a la estabilidad de precios y al mantenimiento de un crecimiento económico sostenido ha llegado a ser una responsabilidad primaria de los gobiernos y, desde luego, de los bancos centrales. No siempre ha sido de esta manera. En el último período comparable de comercio abierto internacional hace un siglo, el patrón de oro prevaleció. Los roles de los bancos centrales, donde éstos existían (recuerden que los Estados Unidos no tenían uno), eran bastante diferentes a los de hoy en día.

La estabilización internacional surgía a través de flujos de oro más o menos automáticos desde aquellos mercados financieros donde las condiciones eran menos exigentes a aquellos en los que no había mucha liquidez. Para algunos, incluyéndome a mí, el sistema funcionó bastante bien. Otros percibieron el patrón de oro como muy rígido e inestable y, en todo caso, su falta de capacidad para financiar políticas discrecionales, tanto monetarias como fiscales, condujo primero a mayores compromisos del sistema del patrón de oro después de la primera guerra mundial y en los años 30 a su práctico abandono.

El sistema de papel moneda que surgió ha dado considerable poder y responsabilidad a los bancos centrales para manejar el crédito soberano de las naciones. Bajo el patrón de oro, la creación de dinero estuvo limitado y atado a los cambios en la reserva de oro. El rango discrecional de la política monetaria era relativamente estrecho. Hoy los bancos centrales tienen la capacidad de crear o destruir cantidades ilimitadas de dinero y crédito.

Claramente, la seriedad con la que tomemos nuestras responsabilidades en un mundo moderno tiene profundas implicaciones para los participantes en los mercados financieros. Nosotros proveemos el telón de fondo contra el cual los participantes hacen sus decisiones. Como consecuencia, nos corresponde esforzarnos por producir el mismo ambiente no inflacionario que existió hace un siglo, si pretendemos lograr un crecimiento máximo sostenido. En este aspecto, sin dudas, el desarrollo más importante que ha ocurrido en años recientes ha sido el cambio de un ambiente de expectativas inflacionarias incorporado tanto en la planificación de los negocios como en los contratos financieros a un ambiente de inflación más baja. Es importante que ese progreso continue y que mantengamos un compromiso creíble de largo plazo hacia la estabilidad de precios.

Aun cuando puede haber pocas dudas en cuanto a que los cambios extraordinarios ocurridos en las finanzas globales en general han sido beneficiosos al facilitar mejoras significativas en las estructuras económicas y en el estándard de vida a lo largo del mundo, dichos cambios también tienen el potencial para ocasionar algunas consecuencias negativas. De hecho, mientras la velocidad de transmisión de eventos económicos positivos han sido un tanto más para la economía mundial en años recientes, cada vez es más obvio, como los recientes acontecimientos en Tailandia y sus vecinos y hace varios años antes en México ponen en evidencia, que errores significativos en las políticas macroeconómicas también impactan alrededor del mundo a una velocidad prodigiosa. En cualquier caso, el progreso tecnológico no es reversible. Debemos aprender a vivir con ello.

En el contexto de cambios rápidos que afectan a los mercados financieros, las hecatombes son inevitables. La agitación en los mecanismos del Sistema Monetario Europeo en 1992, la caída en el cambio del peso mexicano a finales de 1994 y comienzos de 1995, y los recientes ajustes de la tasa de cambio en numerosas economías asiáticas han mostrado como el nuevo mundo del comercio financiero puede castigar políticas de desalineamientos actuales o percibidos con sorprendente dureza. Esto es nuevo. Aun en épocas tan recientes como hace 15 o 20 años, el tamaño del sistema financiero internacional era una fracción de lo que es hoy en día. Los efectos contagiosos eran más limitados y, por lo tanto, las debacles financieras tenían menos consecuencias negativas. Tanto en el nuevo como en el viejo ambiente, las consecuencias económicas de los disturbios se minimizan si ellas no están adicionalmente complicadas por inestabilidad financiera asociada con tendencias inflacionarias subyacentes.

Manteniendo la estabilidad financiera

El reciente torbellino financiero en algunos mercados financieros asiáticos, y similares eventos anteriores, confirman que en un mundo de creciente movilidad del capital hay un premio para los gobiernos que mantienen sólidas políticas macroeconómicas y permiten que las tasas de cambio provean señales apropiadas acerca de la estructura más amplia de precios de la economía.

Estos países llegan a ser vulnerables en la medida que los mercados llegan a estar más al tanto de los excesos acumulados, incluyendo tasas de cambio sobrevaloradas, abultados déficits de cuenta corriente y agudos incrementos en los valores de los activos. En muchos casos, los excesos fueron consecuencia de pobres juicios de inversión tratando de emplear inmensos aumentos en portafolios para la inversión. En algunos casos, estos excesos se alimentaron con inversiones sin sentido en bienes raíces y otras actividades de préstamo por varias instituciones financieras en estos países, las cuales a su vez erosionaron las bases de sus sistemas financieros. Como consecuencia, estos países perdieron la confianza tanto de los inversionistas locales como de los extranjeros, trayendo como resultado disturbios en sus mercados financieros.

El recurrir a controles de capital para enfrentar los problemas de los mercados financieros del tipo que han experimentado algunas economías emergentes sería un paso atrás en la tendencia hacia la liberalización de los mercados financieros, lo cual al final no sería efectivo. El mantenimiento de la estabilidad financiera en un ambiente de mercados de capitales globales, por lo tanto, requiere que los gobiernos presten mayor atención en mantener políticas públicas sanas.

Los gobiernos están comenzando a reconocer que la entrega oportuna de datos económicos y financieros correctos es un elemento crítico para el mantenimiento de la estabilidad financiera. No sabemos cuál es la cantidad apropiada de divulgación, pero la experiencia mexicana de 1994 y la reciente experiencia tailandesa deja claro que el nivel de divulgación fue muy pequeño. Una mayor información pública integrada acerca de las condiciones financieras de un país, incluyendo datos actualizados de los compromisos del gobierno de comprar o vender divisas en el futuro y de la cartera de préstamos en mora de las instituciones financieras del país, permitiría a los inversionistas (tanto locales como internacionales) hacer decisiones de inversión más racionales. Tal divulgación ayudaría a evitar súbitos y abruptos cambios en las posiciones de los inversionistas una vez que se enteren del verdadero estado del país y de la salud de su sistema bancario. El aumento de la divulgación oportuna e integral de los datos financieros también ayudaría a sensibilizar a las principales autoridades económicas de un país sobre los peligros potenciales para su estabilidad financiera.

De manera que, a medida que los mercados financieros internacionales continúan expandiéndose, los bancos centrales tienen objetivos gemelos: alcanzar la estabilidad macroeconómica, y un seguro y sólido sistema financiero que pueda aprovecharse de la estabilidad al mismo tiempo que saca provecho de los inevitables avances tecnológicos.

La dinámica cambiante de un sistema financiero global moderno también requiere que los bancos centrales enfrenten el inevitable aumento del riesgo sistémico. Es probablemente justo decir que la misma eficiencia de los mercados financieros globales, engendrada por la rápida proliferación de los productos financieros, también tiene la capacidad de trasmitir errores a un ritmo muy rápido a través del sistema financiero en formas que fueron desconocidas hace una generación, y no imaginadas ni remotamente en el siglo XIX.

La tecnología actual permite a un solo individuo iniciar transacciones masivas con una ejecución muy rápida. Claramente, no sólo se ha incrementado marcadamente la productividad de las finanzas globales, sino que también, obviamente, la habilidad de generar pérdidas ha crecido a una tasa previamente inconcebible.

Más aún, al incrementar la eficiencia financiera global, creando los mecanismos para rebotar a través del sistema financiero global, se ha aumentado claramente el potencial del riesgo sistémico. ¿Por qué no entonces, uno podría preguntarse, impedir o contener la expansión de las finanzas globales por medio de los controles de capital, los impuestos de transacción, u otras iniciativas inhibidoras del mercado? ¿Por qué no retornar a los mercados menos agitados y aparentemente menos amenazadores de, por decir algo, los años 50?

Intentar contener los avances tecnológicos y el nuevo conocimiento e innovación por medio del levantamiento de barreras a la diseminación del conocimiento traería, como la historia lo demuestra ampliamente, consecuencias grandes, adversas e inesperadas. Al suprimir los mercados en una localidad, estos serían rápidamente reemplazados por otros fuera del alcance del control del gobierno e impuestos. Más importante aún, la toma de riesgos, tan indispensable para la creación de la riqueza, sería indudablemente suprimida en detrimento de los estándares de vida. No podemos retroceder el reloj de la tecnología, y no debemos intentar hacerlo.

Más bien, deberíamos reconocer que, si la tecnología ha ocasionado la presente tensión en los mercados, también sirve para contener dicha presión. Aumentar los sistemas de manejo interno del riesgo de las instituciones financieras constituye la medida más efectiva de contrarrestar la inestabilidad potencial de los sistemas financieros globales. El mejoramiento de la eficiencia de los sistemas mundiales de pago es claramente otra manera.

La disponibilidad de nuevas tecnologías y de nuevos instrumentos derivados claramente ha facilitado nuevas maneras más rigurosas de acercarse a la conceptualización, medición, y manejo del riesgo para tales sistemas. Hay, sin embargo, limitaciones a los modelos estadísticos utilizados en tales sistemas debido a la necesidad de simplificar los supuestos. De ahí, el juicio humano basado en evaluaciones analíticamente menos rígidas pero mucho más realistas de lo que el futuro puede deparar son de importancia crítica en el manejo del riesgo. Aunque una comprensión sofisticada de las técnicas de modelos estadísticos es importante para el manejo del riesgo, un conocimiento íntimo de los mercados en que comercian las instituciones financieras y de los clientes a los que sirven es aún más importante.

De esta y otras maneras, debemos asegurarnos que nuestro sistema financiero global cambiante retenga la capacidad de contener los shocks del mercado. Este es un proceso eterno que requiere una vigilancia también eterna.